La sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018 analiza el significado y alcance de la reforma introducida por la Ley 31/2014 en lo relativo a la retribución de los “consejeros delegados o ejecutivos” de las sociedades no cotizadas.

Este pronunciamiento es de enorme relevancia por revocar el criterio interpretativo mayoritario sostenido hasta la fecha y establecer que la retribución de los consejeros ejecutivos queda sujeta:

1. a reserva estatutaria, es decir, a que los estatutos establezcan su sistema de retribución, que deberá prever el/los concepto/s retributivo/s a percibir por los todos los administradores;
2. a la aprobación por la Junta General del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores; y
3. a los criterios generales de determinación de la remuneración de los administradores.

Pueden acceder a la circular en el siguiente enlace.