Derecho administrativo y del sector público
Nuestra trayectoria en esta rama del Derecho Administrativo nos ha proporcionado un profundo conocimiento de las problemáticas jurídicas que se suscitan en las relaciones entre entidades públicas y empresas privadas o particulares, brindándonos la oportunidad de especializarnos en la abogacía del Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo.
Como especialistas en Administración pública y resto de entidades del sector público asesoramos a nuestros clientes, entre otras, en las siguientes materias: contratación del sector público, convenios de colaboración, responsabilidad de las Administraciones Públicas, régimen patrimonial, subvenciones y patrocinios, procedimientos administrativos, especialidades en el régimen de funcionamiento interno de entes públicos de derecho privado, entidades públicas empresariales, organismos autónomos, sociedades públicas, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.
Igualmente y a la inversa, como expertos en Derecho Administrativo, asistimos a entidades privadas y particulares que mantienen cualquier tipo de relación jurídica con las entidades del sector público, siempre con el máximo rigor y con observancia del Código Deontológico de la profesión, con el fin de evitar el conflicto de intereses.
Con el fin de completar nuestra asistencia en este ámbito del Derecho, contamos, además, con especialistas en el contencioso-administrativo que ejercen la representación y defensa de nuestros clientes en todo tipo de procedimientos.
En suma, nuestro equipo de Derecho Administrativo y del Sector Público garantiza a sus clientes una atención personalizada, prestada por profesionales expertos y con profundos conocimientos de la normativa jurídico-administrativa.
Adicionalmente, contamos con profesionales especialistas en el asesoramiento fiscal a la Administración pública y al resto de entidades del sector público, particularmente en materia del Impuesto sobre Sociedades (requisitos a cumplir por entidades mercantiles para no tributar por las rentas derivadas de la prestación de servicios públicos) y en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido (consideración de sujeto pasivo del Impuesto, aplicación de posibles exenciones, régimen de deducibilidad del impuesto, etc.), así como en el asesoramiento en materia de relaciones laborales en el sector público, con atención a sus particularidades (procesos selectivos, contratación, negociación colectiva, etc.).