La administración vasca adopta el Corporate Compliance para ampliar sus garantías en el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público

El Palacio de Congresos Kursaal ha acogido el jueves, 16 de mayo, una jornada específica sobre la imparable y creciente adopción del Corporate Compliance también en el sector público. A la misma han acudido una treintena de representantes de administraciones de diferentes niveles que han podido confirmar la eficacia y eficiencia de implementar programas de prevención de delitos en las entidades sujetas a la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

El encuentro organizado por BSK Legal & Fiscal ha contado con las intervenciones de Luis Moll, Presidente del Consejo Superior de Letrados y Abogados de Comunidades Autónomas y Director de los servicios jurídicos de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid; Carlos Sáiz, Vicepresidente de ÉCIX GROUP y Presidente de la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo CUMPLEN; Ramón Solórzano, Socio y Responsable del Departamento de Privacy & Compliance de BSK LEGAL & FISCAL; Carmen Rodríguez, Abogada Senior del Departamento de Privacy&Compliance de BSK LEGAL & FISCAL; y ha sido clausurado por Goizeder Manotas, Directora de Modernización, Servicios y Sistemas para la Sociedad de la Información en la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Luis Moll, en una exposición directa, ha sostenido que el Corporate Compliance “es un aliado para la prevención y el control de riesgos en la compleja operativa diaria de la Administración, dada la prolija regulación existente en sus numerosos campos de actuación”.

A renglón seguido, y de la mano de BSK Legal & Fiscal, los asistentes han identificado cuáles son los principales riesgos a identificar en el ámbito de la contratación pública, entre los que caben destacar:

1. Normativa reguladora de la contratación pública ambigua o de difícil aplicación práctica.
2. Insuficiencia de recursos materiales, humanos y económicos.
3. Exigua preparación de los miembros de los órganos de contratación en contratos técnicamente complejos.
4. Nivel inadecuado de supervisión de la correcta ejecución del contrato.
5. Débil implementación efectiva de la licitación electrónica.

Riesgos que, según datos recientes, hacen que el coste de la contratación fraudulenta en la Unión Europea supere los 120.000 millones de euros. Es decir, el 1% del PIB de la UE.

Así, “¿qué papel juega el Corporate Compliance al relacionarlo con la LCSP? Ni más ni menos que el de salvaguardar los principios que informan el procedimiento de contratación, garantizando un mayor respeto a principios como la transparencia, la concurrencia, la publicidad y, sobre todo, el principio de integridad, principio rector de la compra pública en la LCSP”, ha afirmado Carmen Rodríguez.

Como una tendencia a seguir, Ramón Solórzano ha ofrecido a los asistentes diferentes ejemplos de cláusulas que vienen incluyéndose ya en licitaciones públicas de nuestro entorno más cercano, estableciéndose como condición especial de contratación, que la entidad adjudicataria cuente con un programa de “cumplimiento normativo” o “compliance.

En la clausura, Goizeder Manotas ha hablado de la estrecha relación y complementariedad entre el Corporate Compliance y la Norma Foral 4/2019 sobre Buen Gobierno aprobada por la Diputación Foral de Gipuzkoa. También tuvo ocasión de explicar el pionero Sistema de Integridad Institucional de la Diputación Foral de Gipuzkoa y su aplicación práctica en el fomento y promoción de la ética en el funcionamiento de la Diputación. Herramientas todas ellas que tienen como objetivo velar por la integridad de la administración y lograr que ésta gane en transparencia; fomentando asimismo la participación y acceso a las instituciones por parte de la ciudadanía.